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Un informe propone medidas urgentes para alinear a España con los estándares internacionales de lobby
11/09/2025
Según el último Anti-Corruption and Integrity Outlook de la OCDE, España apenas alcanza un 25 % de cumplimiento de los estándares en regulación del lobby y un 0 % en su aplicación práctica — cifras que nos sitúan muy por detrás de la media. Estos datos colocan a España a la cola de sus socios en materia de transparencia e integridad democrática.
Este miércoles, Newsline trasladará a los portavoces del Congreso el informe ‘Profesionalizar el Lobby en España: Lecciones internacionales y cinco propuestas de reforma’ que denuncia el déficit estructural del país en transparencia e integridad democrática por la falta de regulación de los lobbies. El estudio no se queda en el diagnóstico: propone cinco medidas inspiradas en experiencias internacionales para profesionalizar el lobby en España y alinearlo con los estándares de las democracias avanzadas.
“La ausencia de regulación ha permitido que en España expolíticos y exasesores pasen directamente a influir en los mismos sectores que regulaban o supervisaban, sin periodos de incompatibilidad ni controles efectivos. No es casual que las consultoras y agencias que más incorporan perfiles procedentes de la política sean también las que declaran ingresos récord, distorsionando el mercado y erosionando la confianza pública, advierte Jacobo Ramos Folch, responsable de Asuntos Públicos en Newsline.
Buenas prácticas de Canadá, Francia, EE. UU. y Alemania
La falta de regulación en España contrasta con las experiencias de países que llevan años sometiendo el lobby a reglas claras y controles estrictos.
Canadá: La Ley de Lobbying fija cinco años de incompatibilidad para exministros y altos funcionarios. El incumplimiento se castiga con multas de hasta 200.000 dólares canadienses y penas de prisión.
Francia: La Ley Sapin II obliga a declarar todas las actividades de lobby. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y penales.
Estados Unidos: La Lobbying Disclosure Act exige declarar clientes, actividades e ingresos. Las infracciones se sancionan con hasta 200.000 dólares y penas de cárcel en los casos más graves.
Alemania: El registro federal obligatorio contempla sanciones de hasta 50.000 euros para quienes incumplan sus obligaciones de transparencia.
Cinco medidas urgentes para España
Mientras tanto, en España, la ausencia de una ley nacional ha favorecido la proliferación de puertas giratorias, donde el valor principal de muchos lobistas no es el conocimiento técnico, sino su paso por la política. Para cerrar esta brecha con las democracias avanzadas, el informe de Newsline propone cinco medidas prioritarias:
1. Ampliar los periodos de incompatibilidad. El plazo vigente en España (dos años para altos cargos de la Administración General del Estado) es claramente insuficiente frente a estándares internacionales como el canadiense, que fija cinco años, y favorece las puertas giratorias inmediatas. La ampliación a cinco años debe extenderse también a diputados, senadores, asesores y personal de partidos políticos para reducir de forma efectiva los conflictos de interés.
2. Crear un registro estatal, público y obligatorio de lobistas. Similar al francés o al estadounidense, que recoja la identidad de los representantes de intereses y los asuntos en los que intervienen. Este registro debería incluir también información sobre exasesores y expolíticos, para verificar el cumplimiento de los periodos de incompatibilidad y detectar posibles conflictos de interés.
3. Publicar la huella legislativa. Mientras el registro identifica a los representantes de intereses, la huella legislativa permite conocer cómo esas interacciones influyen en la elaboración de normas. Ejemplos como Francia o el sistema de reporting en Estados Unidos muestran que este mecanismo refuerza la trazabilidad y transparencia.
4. Establecer una autoridad independiente de supervisión. En España existe la Oficina de Conflictos de Intereses, pero depende del Ejecutivo y sus competencias son muy limitadas. Se necesita un órgano realmente autónomo que gestione el registro, vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e imponga sanciones, como ocurre en Francia o Canadá.
5. Profesionalizar la actividad de lobby. Fomentar que la práctica del lobby se mida por criterios de independencia, rigor y legitimidad, más que por el acceso a agendas políticas. Esto implica impulsar estándares profesionales y códigos de conducta que refuercen la credibilidad del sector.
“Estas cinco medidas no son una opción, son una condición indispensable para que España deje de ser el paraíso de las puertas giratorias. Si queremos instituciones fuertes y una democracia de calidad, necesitamos reglas claras, transparencia real y un lobby verdaderamente profesional”, apunta Ramos Folch.
