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De 'mochilas', déficits y parches | Bové Montero y Asociados

01/03/2019 bove montero_2

El último mes de enero nos dejó un sabor amargo en cuanto a la situación del mercado laboral en España, con un descenso en la afiliación a la Seguridad Social y un incremento del paro. Es cierto que enero suele ser negativo en este ámbito (consecuencia directa de la finalización de la temporada navideña), pero en esta ocasión lo preocupante no radica tanto en la evolución como en las cifras en sí mismas.

Enero de 2019 nos trajo un descenso cercano a las 205.000 personas en número de afiliados a la Seguridad Social, lo que representa la cifra más grande desde el año 2013 si nos centramos en el primer mes del año. Y el paro se elevó en casi 84.000 personas, frente a los incrementos (más leves, todos ellos) de casi 64.000 nuevos desempleados para el mismo mes de 2018, los más de 57.000 (cifra muy parecida en ambos casos) en 2017 y en 2016, y los cerca de 78.000 correspondientes a enero de 2015.

En este contexto poco alentador -y justo un par de semanas antes del anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de la convocatoria de comicios para el próximo 28 de abril-, el Gobierno español puso sobre la mesa la posible conveniencia de establecer un fondo de capitalización individual orientado hacia la jubilación -modelo que se ha venido en denominar ‘mochila austriaca’-, si bien la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se apresuró a indicar que “no era una prioridad” y que era necesario un debate a largo plazo.

Quizá se trate de la manida estrategia de lanzar un globo sonda con tal de tomar la temperatura de las reacciones de la ciudadanía y agentes sociales ante la iniciativa, pero con perdón de la representante gubernamental, estimo que sí constituye una prioridad cualquier medida que consienta la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Lo cierto es que hasta la fecha ningún gobierno en España ha querido, ha podido o se ha atrevido a aplicar medidas que sean eficaces en el largo plazo (esto es, más allá de coyunturas y ciclos electorales) para hacer frente (sin parches) al problema estructural que supone el déficit de la Seguridad Social: los fallidos Presupuestos Generales del Estado para 2019 proyectaban una cifra de 18.650 millones de euros en este concepto para el actual ejercicio. Y en el bien entendido, por ser justos, de que la envergadura del reto exige de una cierta corresponsabilidad por parte del conjunto de partidos políticos y agentes sociales

De forma simultánea, y mientras se modifica a salto de mata el método de cálculo de las pensiones en función del color político del Ejecutivo -ora un sistema de fijación al IPC, ora un índice de revalorización de las pensiones, ora…-, el conocido como Fondo de Reserva o ‘hucha de las pensiones’ ha soportado una reducción contundente en su importe en los últimos tiempos: si en el año 2011 se aproximó a los 67.000 millones de euros, en el mes de enero de 2019 su saldo era de unos 5.000 millones de euros.

Da cuenta de lo crítico de la situación el reconocimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la necesidad de disponer de otros 3.700 millones de la hucha a lo largo de 2019 con el objetivo de hacer frente al pago de las pensiones, tal y como vino haciendo también el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. Sea como fuere, en el actual ejercicio el Tesoro se vería obligado a dar un préstamo a la Seguridad Social, de más de 15.000 millones de euros, para satisfacer el pago de las pensiones.

Pero volvamos a la ‘mochila austriaca’: ¿Cómo funciona este modelo? Sepan ustedes que desde el año 2003, Austria dispone de un sistema progresivo de capitalización para el trabajador (con dos rasgos básicos: es obligatorio e individual) que la empresa empleadora dota cada mes. Este fondo de capitalización se acumula para una indemnización que pudiera darse en el futuro y se puede mantener en caso de cambio de empleo. Además, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un complemento de la pensión al final de la vida laboral del trabajador.

Es cierto que la eventual introducción del modelo austriaco en España podría requerir de medidas para adaptarlo a la realidad económica y empresarial de nuestro país (de hecho, el Gobierno socialista, en su anuncio, ya indicó que se implantaría en los sectores con mayor capacidad económica), pero lo reseñable aquí es que los datos reflejan que este modelo tiene unos efectos incentivadores en materia laboral: en junio de 2008 la tasa de desempleo en España era del 10,4%, en comparación con el 3,7% austriaco; en marzo de 2013, la cifra creció en España hasta el 26,9% y en el país centroeuropeo lo hizo hasta el 5,7%; y en diciembre de 2018, España (14,3%) y Austria (4,7%). En coyunturas económicas adversas el sistema español se tensiona por la pérdida de cotizantes, un problema que se minimiza en el país alpino.

Para concluir con la comparativa, otro elemento suplementario para la reflexión y el debate colectivos: la tasa bruta de reposición (concepto que define la relación porcentual entre la pensión inicial y el último salario) es muy favorable a España, con un 78,7% (nuestro país es el primero en el ránquing de la Unión Europea y de la zona euro, cuya media se sitúa en un 49,9%), porcentaje muy superior al cuasi 45% austriaco.


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